Como se recuerda la Ley 30424 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2016, regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delitos vinculados a corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias, entre otros.

La Ley sanciona a las personas jurídicas cuando los delitos son cometidos en su nombre o beneficio, por sus socios, directores, administradores, representantes legales o apoderados, o por personas naturales bajo su control cuando exista incumplimiento de deberes de supervisión.

Las sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas incluyen multas, inhabilitación, cancelación de licencias, clausura de locales y hasta la disolución de la empresa.

Si el beneficio obtenido es determinable, la multa será no menor al doble ni mayor al séxtuplo de dicho beneficio; si es indeterminable, será entre 10 y 10,000 UIT, considerando criterios como el daño causado, tamaño y capacidad económica de la empresa, denuncia espontánea y disposición a mitigar el daño.

La Ley y su reglamento incentivan la implementación de modelos de prevención de delitos (“compliance”), adecuados a la naturaleza y riesgos de la empresa. Si la empresa demuestra que tenía un modelo eficaz antes del delito, puede eximirse de responsabilidad.

El reglamento establece los requisitos mínimos, la importancia de la capacitación y la posibilidad de que la Superintendencia del Mercado de Valores evalúe la eficacia del modelo.

CUALES SON LOS CAMBIOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO:

Mediante Decreto Supremo N° 002-2025-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25.2.2025, se modifica el Reglamento de la Ley 30424, incorporando nuevas exigencias clave para la responsabilidad administrativa de las empresas:

Principales cambios:

· Se amplía el alcance a todas las personas jurídicas extranjeras que operen en Perú, ya sea de manera directa o indirecta, bajo cualquier modalidad societaria, contractual o empresarial.

· Se mantiene el eximente, pero no aplica si el delito fue cometido por socios, directores o administradores con capacidad de control en la empresa. En estos casos, solo se podrá reducir la multa hasta en un 90%.

· Se exige que la alta dirección lidere activamente el Modelo de Prevención, lo supervise y garantice su implementación. Debe estar reflejado en políticas y códigos internos.

· Se establece como un requisito obligatorio. La empresa debe demostrar que ha asignado presupuesto, personal y herramientas para la implementación efectiva del Modelo de Prevención.

· La SMV ahora emite informes técnicos con valor de pericia institucional, lo que significa que su evaluación es un elemento probatorio clave en los procesos judiciales.

· Se requiere la implementación de canales de denuncia confiables y seguros, con protección obligatoria para los denunciantes y medidas disciplinarias contra represalias.

· Se exige que la capacitación sobre el Modelo de Prevención se realice al menos una vez al año, con un enfoque específico en áreas de mayor riesgo.

· Se refuerza el proceso de evaluación y monitoreo del Modelo de Prevención con estándares internacionales y revisión periódica.

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INCORPORAN AL REGLAMENTO DE LA LEY 30424 NUEVAS EXIGENCIAS PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS

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